La diputada de Compromís Mireia Mollà ha reclamado hoy a la Conselleria de Justicia “que pague los cerca de seis millones de euros que debe de a los abogados del turno de oficio de los colegios de Elche, Alcoy, Orihuela y Alicante”, ya que, según ha recordado, “se trata de 1.200 profesionales que llevan meses y meses sufriendo los retrasos del Gobierno valenciano”.
Mollà ha explicado que “los abogados del turno de oficio de estos cuatro colegios tienen pendiente el pago de parte del primer trimestre de 2011 y parte del segundo, una cifra que se acerca a los cuatro millones de euros y a la que se tiene que sumar los más de dos millones de euros correspondientes al tercer trimestre que, en teoría, se tendrían que haber cobrado el mes de diciembre”.
“La Conselleria no ha abonado ni el 25 por ciento de la deuda total, como aseguró a los abogados que haría antes de que acabara el año y todavía es más grave que haya condicionado el pago a que estos aceptan un presupuesto de 18,5 millones de euros por sus servicios el próximo año, una cifra muy por debajo de los 24 y 26 millones de euros que acabaron facturando en 2010 y 2011, respectivamente”, ha indicado la diputada autonómica.
En este sentido, el grupo de Compromís en Les Corts ha registrado varias preguntas parlamentarias para averiguar por qué la Conselleria ha propuesto de manera unilateral rebajar las retribuciones de los abogados del turno de oficio y también para saber cuándo tiene previsto ingresar el dinero que se debe a los diferentes colegios.
Mireia Mollà ha destacado que “la asistencia jurídica gratuita es uno de los servicios que asegura la igualdad entre los ciudadanos y, como tal, tiene que contar con un presupuesto adecuado a sus necesidades y se tiene que garantizar el pago a los abogados para mantener un servicio de calidad”.
Además, la diputada de Compromís ha señalado que “éste es un punto negro más en la precariedad de la justicia alicantina, que cuenta con tres de los juzgados más saturados de España –Alicante, Torrevieja y Benidorm-, con numerosas infraestructuras pendientes, como es el caso de la Ciudad de la Justicia de Alicante que lleva más de doce años de retraso, y con carencia de material básico por los impagos a los proveedores, como demuestra el caso de la Ciudad de la Justicia en Elche donde no hay ni papel higiénico en los lavabos”.